Córdoba - Están solos, perdidos campo adentro. Solos con sus alumnos. Preocupados y llenos de miedo. Temiendo por su salud y la de los chicos. Sintiendo que nadie los ampara contra la lluvia de veneno que cae desde el cielo. Son los maestros rurales cordobeses, "privilegiados" testigos del boom sojero de los últimos años, y una de las poblaciones más afectadas por los "efectos colaterales" de las fumigaciones con agroquímicos que no reparan en nada con tal de proteger al "poroto de oro". Ni siquiera en las escuelas, con sus profesores y estudiantes encerrados en las aulas.
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Se estima que hay al menos 400 colegios rurales apostados en el corredor sojero que atraviesa toda la provincia de Córdoba siguiendo la traza de la ruta 9, tanto hacia el norte como hacia el sudeste de la capital cordobesa. En ellos, más de un millar de docentes y unos 10 mil alumnos no sólo pelean contra las dificultades de enseñar y aprender lejos de las comodidades de los centros urbanos, sino también contra la desaprensión de muchos productores agrícolas que fumigan sus campos con herbicidas e insecticidas de alta toxicidad.
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"Cada vez son más los maestros rurales que manifiestan problemas de salud derivados de la exposición a los herbicidas. Tenemos muchos casos de cáncer y maestros con agrotóxicos en sangre. Las escuelas están cercadas por campos de soja y las fumigaciones se realizan directamente sobre los edificios", denunció Gerardo Mesquida, integrante del grupo Docentes Rurales Fumigados.
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"Después de cada paso de las avionetas, muchos chicos aparecen con sus rostros hinchados y sarpullidos en la piel. Cada vez usan productos más tóxicos, como el endosulfán, o el glifosato en concentraciones terriblemente elevadas", aseguró Mesquida.
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"La legislación vigente sólo prohíbe el uso de agroquímicos de alta toxicidad, pero la exposición prolongada a productos de baja toxicidad tiene un impacto crónico, a largo plazo, que puede traer serios problemas a los docentes y alumnos, e incluso a su descendencia," agregó Luis Pereyra, docente de Marcos Juárez e integrante del Centro de Atención Primaria Ambiental (Cepa).
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Debido a la infinidad de denuncias que ya tienen desde colegios de casi toda la provincia, Docentes Rurales Fumigados le solicitó a la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) que tome cartas en el asunto, y le exija al Gobierno que intensifique los controles sobre las fumigaciones.
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"Estamos desprotegidos y alguien tiene que hacer algo. El Ministerio de Agricultura protege a los dueños de los campos y mira para otro lado", afirmó Mesquida. "Por eso –explicó–, queremos que la UEPC no sólo pelee por nuestro salario, sino también por este atentado contra nuestra vida".
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"La primera denuncia de fumigaciones sobre escuelas data de 1995. Desde entonces, la situación no ha parado de empeorar. Vamos a exigir que la Provincia se ponga firme, y que paren las fumigaciones", dijo Carmen Nebreda de la UEPC.
Fuente: (La Voz del Interior)
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